La familia de Raúl Cisneros Valdivia, profesor veracruzano que murió sin recibir la pensión por invalidez que solicitó durante años, pidió a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y al gobierno estatal aclarar la situación administrativa de sus dos plazas y el destino de las aportaciones que dejaron de aparecer en los registros del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
De acuerdo con la documentación exhibida por sus familiares, la última cotización registrada ante el IPE corresponde al 10 de julio de 2019. Sin embargo, las dos plazas permanecieron vigentes hasta el 31 de octubre de 2024, fecha en que quedó asentada su baja del servicio activo. La familia sostiene que el docente dejó de recibir su salario desde 2020, aunque su vínculo administrativo continuó registrado durante varios años.
Un trámite iniciado tras un dictamen médico
Cisneros Valdivia trabajó durante más de cuatro décadas para el gobierno de Veracruz como docente, supervisor escolar y apoyo técnico pedagógico. Sus familiares aseguran que tenía reconocidos 43 años de aportaciones. En 2017 sufrió un infarto y fue dictaminado como no apto para continuar en funciones.
Después de concluir el periodo de incapacidades, el profesor entregó en noviembre de 2019 la documentación para iniciar el trámite de retiro por invalidez. La prestación no llegó. Sus allegados afirman que durante 2020 se le registraron faltas injustificadas pese a que contaba con incapacidades y un dictamen médico; posteriormente, le suspendieron el salario.
“Desde 2019, a pesar de que estuvieron vigentes, nunca hubo aportaciones ya para el Instituto (...) las plazas siguieron vigentes a nombre de él (...) pero nunca cobró él nada”.
La declaración fue atribuida a Ana Luisa Domínguez Chávez, maestra jubilada y cuñada del profesor, quien señaló que la familia acudió durante ese periodo a la SEV, al sindicato y al IPE para buscar una solución. También indicó que las plazas siguieron registradas a nombre del docente, aunque no se reflejaron nuevas cuotas ante el instituto.
La prestación prevista en la Ley 287
La Ley 287 contempla la pensión por invalidez dentro de las prestaciones del sistema estatal. Conforme al marco referido por la familia, el IPE puede otorgarla a trabajadores que quedan física o mentalmente inhabilitados por causas ajenas a su empleo, siempre que hayan cubierto al menos tres años de cuotas continuas.
- 2017: el profesor sufrió un infarto y recibió un dictamen que lo declaró no apto para continuar trabajando.
- Julio de 2019: el IPE registró la última cotización señalada por sus familiares.
- Noviembre de 2019: entregó documentos para solicitar el retiro por invalidez.
- Octubre de 2024: quedó fechada su baja del servicio activo, pese a que la familia afirma que dejó de percibir salario desde 2020.
La familia sostiene que el profesor murió sin conocer qué ocurrió con los recursos vinculados con sus plazas y sin obtener la pensión que reclamó. Sus allegados también cuestionan que la Sección 56 del SNTE y las autoridades educativas no corrigieran su situación, pese a las solicitudes que, según su versión, realizó de manera reiterada.
La exigencia central de sus familiares es que la SEV, el IPE y el gobierno estatal expliquen la diferencia entre la última aportación registrada en 2019, la vigencia de las plazas hasta 2024 y la suspensión salarial reportada desde 2020, además de precisar el curso que tuvo la petición de pensión por invalidez presentada por el docente.