La administración federal analiza la compra del Centro de Detención de Alta Seguridad de Papantla, obra ubicada en Veracruz que, según reportes, acumula años de retrasos y está construida en un esquema de Asociación Público-Privada (APP).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina del 23 de octubre que instruyó revisar el estado del proyecto, cuánto se ha pagado hasta ahora y el contrato con la empresa responsable, y pidió a la secretaria de la Secretaría de la Función Pública (Anticorrupción y Buen Gobierno), Raquel Buenrostro Sánchez, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, que realicen un avalúo y busquen la forma de adquirir y concluir el complejo.
“Lo que nosotros queremos es adquirirlo”, declaró la presidenta, según consignó XEU.
De acuerdo con la versión periodística difundida por XEU, el proyecto presenta cerca de 90% de avance y acumuló una inversión superior a 10,000 millones de pesos sin que, hasta ahora, haya recibido a personas privadas de la libertad. La misma nota señala que la obra se diseñó bajo el modelo de APP, en el que la empresa privada construye y opera el centro por un periodo pactado mientras el Estado realiza pagos conforme al contrato.
Qué revisará el gobierno antes de decidir
Según lo explicado por la presidenta y reproducido por medios, las autoridades federales deberán:
- Determinar el valor actual del inmueble mediante avalúo.
- Revisar cuánto se ha pagado a lo largo de administraciones anteriores.
- Identificar trabajos pendientes y las condiciones del contrato con la empresa constructora.
- Negociar con quien lo construyó y analizar un esquema distinto al de las antiguas APP, dijo la mandataria.
En su intervención, Sheinbaum recordó que penales levantados con el esquema de APP registraron costos elevados para el Estado y citó que en administraciones previas se renegociaron contratos de otros centros para reducir pagos. Medios que dieron cuenta del anuncio relataron que la presidenta pidió que el proceso se realice “de manera totalmente transparente”.
Contexto: la política penitenciaria reciente
La intención de evaluar y posiblemente adquirir ese penal ocurre en un contexto en el que el gobierno federal anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios con un “nuevo modelo” orientado a la reinserción social. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el 13 de octubre que esos penales estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, y que contendrán espacios para educación, capacitación laboral, servicios de salud y actividades deportivas, según reportes periodísticos de la semana pasada.
Los reportes indican que, antes de decidir, el gobierno federal deberá conocer el monto exacto ya erogado y el costo para adquirir el inmueble, así como las condiciones contractuales que sujetaron originalmente la obra al esquema APP, usado en la época del gobierno de Enrique Peña Nieto, según las crónicas que citaron a la presidenta.
| Elemento | Dato citado |
|---|---|
| Avance de la obra | ~90% |
| Inversión acumulada reportada | más de 10,000 millones de pesos (según XEU) |
| Esquema de construcción | Asociación Público-Privada (APP) |
| Responsables de la revisión | Raquel Buenrostro y Édgar Amador Zamora (SHCP) |
La posible compra del penal de Papantla plantea un cruce entre la política federal de manejo de contratos de obra pública, las finanzas del Estado y la política penitenciaria en Veracruz. Hasta ahora, la información disponible proviene de las declaraciones de la presidenta y de reportes periodísticos que citan sus instrucciones al equipo de Hacienda y a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno para revisar la viabilidad de la adquisición.
