Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional de Veracruz en materia de revocación de mandato. El recurso fue entregado el 27 de octubre de 2026, dentro del plazo legal de 30 días naturales señalado por la dirigencia estatal del partido.
La impugnación se dirige contra el Decreto 540
La demanda solicita invalidar el Decreto número 540, publicado el 28 de septiembre, mediante el cual se modificó el inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución Política del Estado. MC sostiene que los cambios aprobados por el Congreso local dificultan el ejercicio de la revocación de mandato y limitan la posibilidad de que la ciudadanía evalúe el desempeño de sus gobernantes.
El recurso fue presentado por una representación política encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal de MC; Agustín Torres Delgado, secretario general; Dante Alfonso Delgado Morales, presidente del Consejo Estatal; Sergio Gil Rullán, diputado federal, y Elena Córdova Molina, diputada local.
“No le tengan miedo al pueblo de Veracruz, no le tengan miedo a la participación ciudadana; estamos listos para que el pueblo mande, para que el pueblo decida”.
Durante la presentación, Carbonell de la Hoz acusó al Poder Legislativo estatal de aprobar una regulación que, a juicio del partido, establece candados para activar el mecanismo de revocación. Esa valoración corresponde al posicionamiento de MC y forma parte de los argumentos políticos expuestos al entregar la demanda.
Los argumentos señalados por el partido
La dirigencia estatal afirmó que la acción contiene siete planteamientos de inconstitucionalidad. Entre los aspectos cuestionados están:
- La reducción de los periodos disponibles para reunir las firmas necesarias.
- La exigencia de distribuir apoyos entre distintos municipios.
- La falta de consulta a pueblos originarios antes de modificar las reglas.
MC atribuyó la aprobación de la reforma a la mayoría legislativa del Congreso de Veracruz y sostuvo que las nuevas condiciones representan restricciones excesivas para la participación ciudadana. La solicitud queda ahora planteada ante la SCJN, instancia a la que corresponde resolver la controversia constitucional promovida contra el decreto estatal.
